La Transición Española es el periodo histórico en el
cual se lleva a cabo el proceso por el que España
deja atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco,
pasando a regirse por una constitución
que consagraba un Estado social y democrático
de Derecho.
Respecto a la duración exacta de la transición, algunos la
enmarcan dentro del periodo comprendido entre la proclamación de Juan Carlos I
como rey de España el 22 de
noviembre de 1975
y la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de
diciembre de 1978.
Otros muchos la sitúan entre dos fechas clave: el 20 de
noviembre de 1975, cuando fallece el dictador Francisco Franco; y el
28 de octubre
de 1982,
fecha en que deja de gobernar la Unión de Centro Democrático
(UCD), partido que promovió el cambio de régimen político y la aprobación de la
Constitución del 78.
El vía utilizado fue la elaboración de una nueva Ley
Fundamental, la octava, la Ley para la Reforma Política que, no sin
tensiones, fue finalmente aprobada por las Cortes y sometida a referéndum
el día 15 de diciembre de 1976. Como consecuencia de
su aprobación por el pueblo español, esta ley se promulgó el 4 de enero
de 1977.
Esta norma contenía la derogación tácita del sistema político franquista en
sólo cinco artículos y una convocatoria de elecciones democráticas.
Estas elecciones se celebraron finalmente el día 15 de junio
de 1977. Eran las primeras elecciones democráticas desde la Guerra Civil. Unión de Centro Democrático
resultó el partido más votado aunque no alcanzó la mayoría absoluta y fue el
partido encargado de formar gobierno. A partir de ese momento comenzó el
proceso de construcción de la Democracia en España y de la redacción de una
nueva constitución.
El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la
Constitución Española, entrando en vigor el 29 de diciembre.
A principios de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido al distanciamiento con el
Rey y a las presiones internas de su partido. Durante la celebración de la
votación en el Congreso de los Diputados para elegir como
sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo se produjo el golpe de Estado dirigido
por Antonio
Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, entre otros. El
golpe, conocido como 23-F, fracasó.
Las tensiones internas de la UCD provocarían su
desintegración a lo largo de 1981 y 1982, llegando finalmente a disolverse en 1983. El segmento democristiano
terminaría integrándose con Alianza
Popular, pasando así a ocupar la franja de centro-derecha. Por otro
lado, los miembros más cercanos a la socialdemocracia
se unirían a las filas del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE). Mientras, el ex-presidente Adolfo Suárez
y un grupo de disidentes de su anterior partido, la UCD, iniciaron un nuevo
proyecto político centrista que mantendría representación
parlamentaria en el Congreso hasta las elecciones generales de 1993,
el Centro Democrático y Social (CDS).
El PSOE sucedió a la UCD tras obtener mayoría absoluta en las elecciones generales del 82,
ocupando 202 de los 350 escaños, y comenzando así la II Legislatura de España. Por primera vez
desde las elecciones generales de 1936,
un partido considerado de izquierdas o progresista iba a
formar gobierno.
No obstante, la transición tuvo que superar las
resistencias generadas por el propio régimen, en un marco de tensiones causadas
por grupos radicales de extrema izquierda y grupos franquistas de extrema
derecha. Estos últimos, además, contaban con un apoyo considerable
dentro del ejército.
Tales grupos amenazaban con deteriorar la situación política en exceso,
iniciando un proceso de involución.
La realización de dicho proyecto exigía que la oposición
controlara a sus partidarios para evitar cualquier provocación y que el
ejército no cayera en la tentación de intervenir en el proceso político e
intentara salvar las estructuras franquistas. En esta doble dirección se movió
la actuación política de Don Juan Carlos y sus colaboradores.
Ante la nueva etapa histórica que se abría, había tres
posturas claramente diferenciadas:
·
Los
partidarios del régimen franquista (conocidos como ultras o el búnker),
defensores del mantenimiento de la legalidad franquista, o como mucho, de su
actualización. A pesar de su escaso apoyo social, dominaban el ejército y un
órgano fundamental dentro de la organización del Estado, el Consejo del
Reino.
·
La
oposición democrática, organizada primero en dos asociaciones de partidos
políticos, la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia
Democrática, que acabaron fusionándose en la asociación Coordinación Democrática, conocida como Platajunta.
Ésta defendía la ruptura legal con el régimen franquista para pasar
directamente a un Estado democrático.
·
Torcuato Fernández Miranda,ex presidente
interino del gobierno en 1973, profesor de Derecho Político de Juan Carlos I,
partidario de reformar las Leyes Fundamentales del Movimiento
mediante sus propias disposiciones para llegar así a la democracia evitando
vacíos legales. En palabras del propio Fernández Miranda, se trataba de ir
"de la ley a la ley a través de la ley".
Juan Carlos inició su reinado sin salirse de los cauces de
la legalidad franquista. Así, juró fidelidad a los Principios del Movimiento,
tomó posesión de la corona ante las Cortes franquistas y respetó la Ley Orgánica
del Estado de 1966
para el nombramiento de su primer Jefe de
Gobierno. Sin embargo, ya en su discurso ante las Cortes se mostró
abierto a una transformación del sistema político español.
A principios de diciembre Juan Carlos confirmó a Arias
Navarro para presidir su primer gobierno, el día 6 de diciembre no sale en la
prensa esta ratificación. Sin embargo, el rey le pidió ayuda, a la que accedió,
para conseguir el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda al frente de la
presidencia del Consejo del Reino y de las Cortes. Para ello se ajustó a las
pautas marcadas por la Ley Orgánica del Estado .
El nombramiento de Arias Navarro ofrecía un panorama
claramente continuista y no auguraba grandes transformaciones políticas. Sin
embargo entraron a formar parte del nuevo gobierno ministros claramente
reformistas como Manuel Fraga Iribarne (Gobernación), José María de Areilza (Asuntos Exteriores) y Antonio Garrigues (Justicia). Todos ellos
habían rechazado en su momento el Estatuto de
Asociaciones del Movimiento. También contó con la presencia del
democristiano Alfonso Osorio en el Presidencia
y de dos expertos en el aparato del movimiento: Rodolfo Martín Villa (Sindicatos)
y Adolfo Suárez (Movimiento).
Para mantener el equilibrio, se nombró vicepresidente para asuntos de Defensa a
un militar incondicionalmente franquista: el general Fernando de Santiago.
La situación que tenía que afrontar el nuevo gobierno era
harto difícil. La agitación de la oposición iba en aumento, las manifestaciones
en petición de una amnistía eran frecuentes y en el País Vasco
la tensión crecía sin cesar. ETA especialmente y, en menor medida, otros grupos armados
prosiguieron con sus atentados y el apoyo popular con que podían contar se
manifestaba en múltiples actos de protesta. El rey forzó la dimisión de Arias
Navarro el 1 de julio por su incapacidad para enfrentarse a los graves
problemas de orden público (terrorismo, huelga masiva de Vitoria, sucesos de
Montejurra), así como por su negativa a desmontar el régimen franquista.
Adolfo Suárez González, presidente del
gobierno de España
durante la transición.
Fue Torcuato Fernández Miranda, quien logró
que en la nueva terna de candidatos a la presidencia del gobierno entrara Adolfo Suárez González y a él le
correspondería realizar una operación política de evidente dificultad:
convencer a los políticos del sistema franquista instalados en las Cortes para
que desmantelaran dicho sistema. De esta manera se respetaba formalmente la legalidad
franquista y se orillaba, en lo posible, el peligro de una intervención del
ejército en el proceso de transición.
Del nuevo gobierno se autoexcluyeron Fraga y Areilza,
mientras que la representación militar permaneció invariable. Varios de los nuevos
ministros pertenecían ya a asociaciones políticas amparadas por la nueva ley.
Adolfo Suárez presentó el 6 de julio por televisión un programa político muy
claro basado en dos puntos:
·
Elaboración
de una Ley para la Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por
los españoles en referéndum, permitiría abrir un proceso constituyente para
implantar en España un sistema de democracia
liberal.
·
Convocatoria
de elecciones democráticas
antes del 30 de junio
de 1977.
Para lograrlo, Suárez debía convencer a la oposición para
que entrara en su juego y al ejército para que no interrumpiera el proceso;
además, tenía que controlar la situación en el País Vasco
que se estaba haciendo insostenible por días. Pero, a pesar de todo, el
proyecto de Suárez se fue aplicando sin dilaciones entre julio de 1976 y junio del
siguiente año.
En este breve período Suárez actuó en varios frentes para
realizar su proyecto reformista:
Reforma política española de 1977.El
proyecto que se elaboró por el gobierno en septiembre tenía que abrir la puerta
un sistema de democracia parlamentaria. No concretaba
cómo iba a ser el nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos
que ofrecía el régimen franquista a la implantación de un sistema democrático.
Venía a ser, en realidad, el acta de liquidación del franquismo aprobada por
las propias Cortes franquistas. A lo largo del mes de noviembre la ley fue
debatida por las Cortes que, bajo la presidencia de Fernández Miranda, la
aprobaron por 425 votos a favor con 59 votos en contra y 13 abstenciones.El
gobierno quiso legitimar esta operación sometiendo la nueva ley a un referéndum.
El 8 de febrero se aprueba un decreto ley para la
Reforma Política y posteriormente, en marzo, se legalizan gran parte de los
partidos políticos con otro decreto ley donde se establecen los requisitos para
su legalización. En caso de dudas, el Ministerio de Interior
remitiría la documentación al Tribunal Supremo para que dictaminase.
También hubo que reformar el Código Penal, que consideraba
sancionables cuestiones básicas como la pertenencia a partidos políticos y
prohibía asociarse a aquellos que pretendieran:
·
La
subversión del orden público o el ataque a la unidad de la patria. Aquí
quedaban incluidas todas las formaciones de carácter nacionalista periférico,
no español.
·
Estar
sometidos a una disciplina internacional, con la intención de implantar un
régimen totalitario. Esta prohibición estaba pensada especialmente contra el
PCE, dependiente en cierta forma de la Unión Soviética, aunque se encontraba ya en la
corriente reformista del eurocomunismo, y que pretendía imponer en
España un Estado socialista (una democracia proletaria).
Con estos cambios, se legalizaron los partidos u
organizaciones más importantes.
Para ser legalizado, el PCE recurrió al Tribunal Supremo,
que dictaminó que no contravenía la legalidad. Después de que su líder Santiago Carrillo Solares aceptara
abandonar la restauración de una República,
aceptando la monarquía, el Gobierno aprovechó las vacaciones de Semana Santa,
durante las que el Ejército estaba ampliamente desmovilizado, para legalizarlo
el 9 de abril.
Asimismo, disolvió el partido único de la dictadura, el Movimiento. Aun así, el Ministro de la
Marina dimitió inmediatamente y Manuel Fraga manifestó que la decisión del
Gobierno era un verdadero golpe de Estado. El 9 de abril se llamó, con
cierta ironía,
el Sábado Santo Rojo (la festividad es de carácter católico y el comunismo propugna el ateísmo
o el agnosticismo).
Dos días después se legalizó el Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC), homólogo catalán del PCE.
Adopta una serie de medidas políticas. En julio de 1976
hubo una amnistía
política parcial, ampliada en marzo del año siguiente y total en
mayo. En diciembre de 1976 se disuelve el TOP. En marzo del año siguiente se
legaliza el derecho básico de huelga y en abril se decreta la libertad sindical.
También se promulga una Ley Electoral con las
condiciones necesarias para homologarse con las de los países con un sistema de
democracia liberal y parlamentaria.
Con todas estas medidas, Suárez iba cumpliendo las
condiciones que exigían los grupos de la oposición desde 1974. Estas fuerzas se
habían reunido en noviembre de 1976 para crear una plataforma de organizaciones
democráticas. Suárez había iniciado sus contactos políticos con la oposición
entrevistándose con Felipe González, Secretario General del PSOE,
en agosto. La actitud posibilista del líder socialista
dio alas a Suárez para llevar adelante su proyecto político, pero todo el mundo
percibía claramente que el gran problema para la normalización política del
país iba a ser la legalización del PCE. Éste constituía, en aquel momento, el
grupo político más organizado y con mayor número de militantes de la oposición,
pero en una entrevista con los mandos más destacados del ejército en
septiembre, ellos le manifestaron claramente su oposición frontal a la
legalización del PCE.
En diciembre, el PSOE celebraba en Madrid su XXVII Congreso y empezaba a desmarcarse de
las exigencias del PCE, afirmando que pensaba participar en la próxima
convocatoria electoral para las Cortes Constituyentes. Al empezar el siguiente
año, el año previsto para convocar elecciones generales, Suárez se decidió a
abordar el problema del PCE. En febrero se entrevistó con Santiago Carrillo,
Secretario General del PCE, que apoyó sin exigencias previas y dispuestas a
ofrecer un pacto social para el periodo posterior a las elecciones.
El 24 de enero de 1977 se produce la Matanza de Atocha, el atentado más
significativo de la extrema derecha, que ataca un despacho de Derecho
Laboral vinculado al Partido Comunista de España de la
madrileña calle de Atocha. Allí asesinan a tiros a cinco
abogados e hieren de gravedad a otros cuatro. Este hecho provocó la primera
manifestación multitudinaria de la izquierda en el país desde la Segunda República y, después, decenas de
actos de carácter pacífico de simpatía y solidaridad con el partido comunista.
Esto y la actitud mantenida por Santiago Carrillo, empujaron a Suárez a llevar
a cabo la polémica legalización del partido.
Para salvar ésta dificultad, Suárez intentó apoyarse en
militares liberales del círculo del general Díez-Alegría, a los que intentó colocar en
puestos de responsabilidad, como el general Manuel Gutiérrez Mellado. Pero, en julio
de 1976, el vicepresidente para asuntos de defensa era aún el general Fernando de Santiago que pertenecía al
núcleo más inmovilista. De Santiago, inquieto por la primera amnistía, se opuso
frontalmente en septiembre a la Ley de Libertad Sindical. El 21 de
septiembre Suárez destituyó a De Santiago y nombró en su lugar al
General Manuel Gutiérrez Mellado, lo que le ocasionó numerosos enemigos y
oposición que se agudizaría con la legalización del PCE meses más tarde, con la
dimisión inmediata del Ministro de Marina.
Pero entretanto Gutiérrez Mellado actuaba con habilidad
para promocionar a los oficiales partidarios de la reforma y para sustituir a
los mandos de las fuerzas de seguridad (Policía Armada y Guardia Civil) más
partidarios de conservar el régimen.
Suárez quería demostrar al ejército que la normalización
política del país no implicaba ni la anarquía
ni la revolución.
Para lograrlo contaba con la colaboración de Santiago
Carrillo, pero se encontraba con violentas respuestas de diferentes
grupos terroristas.
El País Vasco se mantuvo, a lo largo de todo este periodo,
en plena ebullición política. Las reivindicaciones de amnistía política, en
especial la semana pro-amnistía del 8 al 15 de
mayo en la que murieron siete personas por la represión,[5]
obligaron a Adolfo Suárez a irla concediendo en distintas etapas hasta llegar a
la amnistía total de octubre de 1977. Pero
los enfrentamientos continuos entre policía y manifestantes no ayudaban
precisamente a serenar los ánimos. ETA, después de una cierta tregua en el
verano de 1976, reemprendió sus atentados en octubre. Pero fue sobre todo entre
diciembre y enero cuando se desencadenó un conjunto de violentas acciones que
dejaron la situación social y política en una posición muy inestable.
Pero, por primera vez, buena parte de los líderes de la
oposición reunidos con el Presidente del Gobierno
publicaron un comunicado de denuncia del terrorismo y de apoyo a la actuación
de Suárez. Sin embargo, las fuerzas del búnker se aprovecharon de la
inquietud del momento para denunciar que el país se estaba precipitando en el
caos.
Las elecciones generales del 15 de junio
de 1977 dieron la representación a cuatro partidos políticos, los tres primeros
de ideología reformista o progresista, el partido ganador, UCD,
formó gobierno durante dos legislaturas, en junio de 1977 y marzo de 1979, pero tuvo que contar
con el apoyo o el beneplácito de otros partidos al no contar con la mayoría
absoluta de escaños en el Parlamento.
Después de las elecciones, con los resultados en Cataluña y
País Vasco, el gobierno permitió la creación de instituciones preautonómicas..
Era el primer eslabón de la estructura territorial que ya estaba pactada en la
nueva Constitución.
La primera preautonomía
concedida fue la de Cataluña, el 29 de
septiembre se restableció la Generalidad de Cataluña y Josep
Tarradellas, histórico político nacionalista en el exilio, se
convirtió en su nuevo Presidente el 23 de octubre.
El nuevo Parlamento formó una ponencia que empezó a
trabajar en la redacción de una nueva Constitución en el verano, con el
consenso de las principales fuerzas políticas en temas tales como el papel del
ejército, los derechos históricos, la situación de Navarra. En julio de 1978,
el Congreso de los Diputados
aprobaba el texto constitucional por una amplia mayoría que incluía a los
conservadores de Alianza Popular y al PCE. Algunos partidos de extremos votaron
en contra y otros como el PNV,
que había sido excluido de la ponencia constitucional pese a ser mayoritario en
el País Vasco, pidieron la abstención.
La Constitución fue aprobada en sesión conjunta por el
Parlamento y el Senado en el mes de octubre. El 6 de
diciembre se sometió la Carta Magna a referéndum con una
aprobación mayoritaria, excepto en algunas provincias y en el País Vasco donde
se obtuvo una importante abstención.
La tensión estalló a partir de 1981 con la dimisión de
Suárez como Presidente del Gobierno y su sustitución por Leopoldo Calvo-Sotelo al frente de una
reforma del gobierno. Suárez abandona el partido por parte de los
socialdemócratas de Fernández Ordóñez y por el nombramiento de
Calvo-Sotelo como nuevo presidente del partido. Esto acentuó aún más las
tensiones internas y empujó a Calvo-Sotelo a disolver el Parlamento y convocar
elecciones en octubre de 1982.
La normalización democrática no evitó las continuas
acciones violentas de ETA y, en menor escala, del GRAPO. Paralelamente se
detectaba una situación de desasosiego o intranquilidad en una parte de las Fuerzas
Armadas que podía desembocar en un golpe militar. El golpe de estado de 1981,
la tarde del 23 de febrero por un grupo de guardias civiles
dirigidos por el teniente coronel Antonio
Tejero, no consiguió provocar un Gobierno militar, pero mostró el
peligro real de un sector del ejército.
Las elecciones de octubre de 1982
dieron la mayoría absoluta por primera vez al PSOE, que
había sido durante dos legislaturas el principal partido de la oposición en los
gobiernos de la UCD.
En el XXVIII Congreso del PSOE (mayo de 1979) su
Secretario General, Felipe González, meses después le permitió
reconducir el partido hacia una línea más moderada y asumir de nuevo el cargo.A
lo largo de 1982 el PSOE confirmó su línea moderada con el acercamiento al
grupo socialdemócrata de Fernández Ordoñez, recién escindido de la UCD.La obtención de la mayoría absoluta en tres procesos
electorales consecutivos (1982, 1986 y 1989)
permitió al PSOE legislar y gobernar sin establecer pactos con otras fuerzas
políticas. De esta forma, pudo convertir en leyes muchos de los puntos de su
programa.
La cómoda mayoría política de la que gozó permitió al país
un largo respiro de tranquilidad y estabilidad política, tras los intensos y
violentos años de la transición. [cita requerida]
El triunfo electoral del PSOE en 1982 (con más de 10
millones de votos) inauguró una etapa de gobierno, con cuatro legislaturas
totales, que transformó profundamente España. Felipe González, secretario
general del PSOE, ocupó la Presidencia del Gobierno, con Alfonso
Guerra como durante mucho tiempo Vicepresidente del Gobierno, hasta
su dimisión por su implicación en un caso de corrupción política con su hermano
como principal acusado.
Durante el gobierno del PSOE se produciría la integración
en la Comunidad Económica Europea (CEE), las
reformas laborales con nuevos convenios normativos consensuados entre patronal
y trabajadores, las inversiones sociales (especialmente en Educación y
Sanidad), el desarrollo de la organización territorial autonómica y la
modernización de las infraestructuras.
Por otro lado se dio la reconversión industrial, propiciada
por muchos factores, entre los que cabe destacar una crisis económica que se
fue agudizando durante las últimas legislaturas, un enorme endeudamiento del
Estado derivado del gasto público descontrolado o dos huelgas generales de los
dos principales sindicatos la Unión General de los Trabajadores
y Comisiones Obreras.
Tras unos últimos años de continuo desgaste social y
político, en las elecciones generales de 1996
el principal partido de la oposición, el Partido
Popular liderado por José María Aznar, consigue la mayoría simple.
Una vez asegurada la democracia, los principales países europeos
aceptaron su integración en la CEE, después de veinte años de la primera
petición. La CEE, actualmente denominada Unión Europea, desde el 1 de enero
de 1986.
En los últimos momentos del gobierno UCD, Calvo-Sotelo
consiguió que el Parlamento autorizase el ingreso de España en la Organización del Tratado Atlántico
del Norte (OTAN). El 10 de
diciembre de 1981 se firmaba en Bruselas
el protocolo de adhesión.
El PSOE, cuando gana las elecciones, paraliza el ingreso y
promete un referéndum para sacar a España de la alianza militar.. En marzo de
1986, celebra el referéndum con un resultado favorable a la adhesión.
La aplicación del derecho constitucional a la educación guió
la labor del gobierno. En la enseñanza universitaria, la Ley de
Reforma Universitaria de 1983 concedió autonomía de gestión a las
universidades, facilitó la creación de universidades privadas y amplió el
número de matriculados gracias a la cual casi gratuidad de matrículas y a una
amplia política de becas.
En la enseñanza secundaria y primaria, se garantizó la
escolarización obligatoria para toda la población menor de 14 años desde 1985 y de 16 años desde la
entrada en vigor de la LOGSE en 1990. El gobierno crea un sistema educativo de tres vías:
educación pública, educación privada, y colegios concertados cuya gestión recae
en una empresa u organización privada pero el gasto de los alumnos lo paga el
Estado, para así intentar ofrecer la mayor tasa de escolaridad posible.
La crisis económica,
iniciada en parte por factores internos y externos como la crisis del petróleo de 1973, reactivada en
1979, había creado una situación de recesión industrial, con fábricas o
maquinaria obsoletas y sectores industriales deficitarios. Para el trabajador
suponía el paro (hasta el 20% en 1985), la subida continua de los precios .
La reforma fiscal se creó el Impuesto de Valor Añadido (IVA) la presión fiscal sobre las rentas del trabajo
y del capital con el fin de conseguir más recursos y sanear el Estado.
Para controlar la inflación, el gobierno restringió la
circulación de capital, con altos tipos de
interés bancario, y moderó el crecimiento salarial.
Esto finalmente desembocó en una exitosa huelga general
contra el gobierno del PSOE el 14 de
diciembre de 1988
con los dos principales sindicatos en la cabeza, UGT y CCOO.
Webgrafia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1olahttp://www.salman-psl.com/la-transicion-espa%F1ola/indexcast.html
http://www.rtve.es/archivo/la-transicion-serie/
por Isabel Riquelme
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